La mutilación genital femenina, los embarazos y los matrimonios tempranos han aumentado durante la pandemia y no se están aplicando políticas eficaces de protección. 

La crisis del coronavirus ha provocado en África un incremento de la violencia y las desigualdades entre la población más vulnerable. Los cambios en las formas de vida a causa de la pandemia están contribuyendo a aumentar la violencia contra las mujeres, realidad que ya existía antes del virus pero que empeora al no establecerse las medidas de protección adecuadas.

Desde que comenzó el confinamiento y las restricciones de movilidad, Kenia ha sufrido un aumento de delitos sexuales, violencia doméstica, casos de ablación y embarazos adolescentes. Esto se debe, entre otras causas, al cierre de las escuelas, a la convivencia forzosa con familiares maltratadores y a los altos niveles de pobreza como consecuencia de la pérdida de empleos.

La precaria situación económica ha provocado, entre otras cosas, que muchas adolescentes se hayan visto forzadas a ejercer la prostitución para alimentar a sus familias y, en muchas ocasiones, el intercambio de sexo se lleva a cabo sin protección. La escasez de agua tampoco ayuda a mejorar esta realidad: mujeres y niñas se ven obligadas a pasar más tiempo en los puntos de suministro, lo que también aumenta el riesgo de que  sufran agresiones y explotación. Es cierto que las organizaciones internacionales y los gobiernos africanos están tratando de mejorar la distribución de agua en el continente, pero se necesitan programas de desarrollo más ambiciosos: el suministro de agua embotellada para tratar de cerrar la brecha no es suficiente. Se necesitan ubicaciones seguras accesibles para todas, además de limpiar y restaurar el medio ambiente para combatir a largo plazo el cambio climático.

Otro hecho alarmante es el aumento de la MGF debido al retraso en la aplicación de los programas de sensibilización. Con las medidas de aislamiento y el cierre de colegios se hace más difícil el apoyo social y la atención a las comunidades, lo que eleva el riesgo de que se produzcan mutilaciones clandestinas. Según un estudio publicado por el UNFPA (Fondo de Población de las Naciones Unidas) se producirán dos millones más de casos en la próxima década, además de 13 millones de matrimonios forzosos para niñas menores de 10 años.

Es por este motivo que se hacen aún más necesarias las acciones llevadas a cabo por ONGs como Save A Girl Save A Generation. En estos tiempos en los que los gobernantes deben priorizar la contención del virus, es necesario que no descuiden las medidas necesarias para defender los derechos humanos de todas las personas, especialmente de las mujeres y niñas, las más vulnerables. Ha pasado solo un año desde que, en la Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo celebrada en Nairobi, el presidente Uhuru Kenyatta se atrevió a fijar para el 2022 la eliminación total de la MGF, y para el 2030 la de todas las formas de violencia de género. Nos encantaría creer que es posible una transformación de este calibre en tan poco tiempo, pero no es realista. La labor que hacen organizaciones como la nuestra es imprescindible para seguir luchando por acortar la brecha. Nosotras no podemos dar por buenas esas promesas, al igual que no podemos acusar al coronavirus de ser el culpable de este incremento de las desigualdades.

Ninguna estrategia frente a la pandemia está completa sin un plan para garantizar la protección y respuesta efectiva frente a la violencia de género. Es necesario que el gobierno garantice que los Planes Nacionales de Respuesta para combatir el virus son sensibles al género y contextualizados a las diferentes realidades de las comunidades. Para lograrlo se necesitan, no solo recursos humanos y financieros, sino también la presión social suficiente que agilice la puesta en marcha de políticas sociales más eficientes. Save A Girl Save A Generation, organizaciones amigas y la sociedad civil  hacemos esfuerzos incansables para mejorar esta realidad y transformar la sociedad, pero necesitamos más compromiso y apoyo gubernamental. Es necesario promover comportamientos saludables y cambios en las normas sociales para reducir el estigma y la discriminación, y apoyar así la construcción de comunidades más seguras y resilientes. Crear medidas políticas, educativas, económicas y sociales eficaces y equitativas para garantizar que las adoptadas para combatir el virus no perpetúen las desigualdades de género.

 

Autora: Marta Ruiz Baladía